Por Bruno Cortés
Una cosa es proponer que las familias aprendan a proteger a sus hijos en internet y otra es definir quién debe enseñarles, con qué recursos y en qué espacios. La iniciativa del senador Agustín Dorantes Lámbarri para crear programas de alfabetización digital para madres, padres y tutores intenta responder también a esa segunda pregunta.
El proyecto del legislador del PAN, dado a conocer este 24 de octubre en el boletín 0331 del Senado de la República, plantea reformar los artículos 74, 78, 86 y 115 de la Ley General de Educación. Además de fijar la obligación de las autoridades educativas de ofrecer estos programas de forma accesible, permanente y gratuita, la propuesta busca ordenar cómo se llevarían a la práctica.
Atribuciones concurrentes
Uno de los puntos de la iniciativa es definir las atribuciones concurrentes de las instancias educativas federales y de las entidades federativas para la implementación de los programas. En la práctica, esto significa establecer qué parte del trabajo correspondería a la autoridad educativa nacional y cuál a los gobiernos de los estados.
Precisarlo en la ley no es un asunto menor. Sin reglas claras, una política pública puede quedar en tierra de nadie, con instancias que se atribuyen la responsabilidad entre sí. La iniciativa apuesta por la corresponsabilidad institucional, un concepto que el propio senador destacó al explicar su propuesta.
El tema se suma a una conversación nacional más amplia: además del Congreso de la Unión, distintas legislaturas locales han discutido medidas sobre menores y entornos digitales, como se detalla en este repaso de las iniciativas sobre redes sociales y menores que ya se discuten en el país.
El papel del personal educativo
El proyecto también propone fortalecer las capacidades del personal educativo que participe en estas actividades. La lógica es que, si las escuelas y las autoridades educativas van a orientar a las familias, primero deben contar con personal preparado en temas como privacidad, seguridad de cuentas y dispositivos o prevención de la violencia digital.
Tres modalidades para llegar a más hogares
Para facilitar el acceso, la iniciativa plantea que las autoridades educativas promuevan modalidades presenciales, a distancia y comunitarias, con materiales y recursos formativos gratuitos y accesibles. La combinación busca adaptarse a familias con horarios, conectividad y condiciones distintas.
Qué contenidos se abordarían
El senador sugirió que los programas incluyan la protección de datos personales, la privacidad, la seguridad de cuentas y dispositivos, la prevención del ciberacoso, de la violencia digital y del abuso y la explotación sexual facilitados por tecnologías, así como la suplantación de identidad y los fraudes electrónicos, un riesgo que también afecta a los adultos, como ocurre con los fraudes con enlaces que aparentan ser bancarios.
El diagnóstico detrás
El proyecto cita el estudio Disrupting Harm México, presentado en junio de 2026 por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL. De acuerdo con esa investigación, 13 por ciento de las personas de 12 a 17 años usuarias de internet en el país, equivalente a 1.6 millones de adolescentes, sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología en un año; 32 por ciento de las víctimas no lo contó a nadie y menos de uno por ciento de los incidentes se denunció ante la policía.
La iniciativa llega después de medidas recientes del Ejecutivo, como el decreto que obliga a las plataformas a reforzar filtros y controles; aquí puede revisar los cambios para menores con el nuevo decreto digital.
La ruta legislativa
El documento se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera. Para convertirse en ley necesitaría un dictamen favorable, la aprobación del pleno del Senado y la de la Cámara de Diputados. Si eso ocurre, el reparto de tareas entre Federación y estados sería la base para que los programas lleguen efectivamente a las familias.
Agustín Dorantes insistió en que la iniciativa busca fortalecer el marco educativo nacional con una política de alfabetización digital familiar que proporcione herramientas de orientación y acompañamiento y contribuya a la prevención y actuación ante riesgos.
